Esta presentación al Conversatorio se enmarca en el proceso creativo y progresivo del
Congreso Desafíos de la Transición a una Nueva Civilización, que
estamos organizando y ya comenzando a realizar diferentes personas y
organizaciones.
La idea de estos conversatorios es que los autores que nos proponemos presentar en el Congreso que culminará en Octubre de 2020, podamos presentar y conversar en base a borradores de nuestro trabajos, o las ideas preliminares, para su discusión y análisis, de modo que podamos después perfeccionarlo, enriquecerlo, corregirlo, con las opiniones, críticas, las sugerencias y comentarios que otras personas interesadas en el tema nos puedan plantear. Decimos que es un Congreso de nuevo tipo, participativo, progresivo, en que además de académicos, intelectuales o pensadores, participen personas y grupos que están realizando en la práctica, experiencias que apuntan a crear esas nuevas economía, política, cultura, educación, cuidado del ambiente, propias de una civilización mejor a la actual.
Lo
que voy a presentar tiene tres partes. Una: los fundamentos teóricos
de la propuesta, que tengo ya bastante elaborados. Dos: la propuesta
misma, que es todavía una idea general, no desarrollada en sus
aspectos particulares. Y tres: la viabilidad de su implementación.
Es
el orden que parece lógico. Pero voy a presentar el tema al revés,
o sea comenzando con algunas observaciones sobre la viabilidad de un
cambio tan profundo y extendido como el que voy a proponer. Porque si
no fuera viable, no tiene sentido hacer una propuesta.
Esto
de la posibilidad de un cambio profundo es importante dilucidarlo,
especialmente hoy, cuando cunde la idea de que las transformaciones
de fondo no son posibles, porque el sistema tiene todo bien amarrado,
y que no podemos salirnos del curso establecido porque tendría
consecuencias muy serias en los equilibrios macroeconómicos, en las
instituciones, en la estabilidad democrática, etc. etc. sobre lo
cual se insiste tanto, aludiendo siempre a ejemplos deplorales como
el de Venezuela y otros que han fracasado. Entonces, comienzo con:
Algunas
observaciones preliminares sobre la viabilidad del
cambio.
1.
Quienes somos mayores de 60 años tenemos la experiencia de que son
posibles transformaciones serias, profundas, radicales incluso, en la
organización política, económica y social. Transformaciones que
modifican las relaciones entre la economía, la sociedad civil y el
estado. Conocimos transformaciones, primero en versión
social-cristiana con la revolución en libertad (reforma agraria,
promoción popular, ley de organizaciones sociales, etc.). Luego en
versión socialista con la vía chilena al socialismo (creación del
Área de propiedad social, Juntas de abastecimiento y precios, etc.).
Y después en versión liberal con la llamada “revolución
silenciosa” del gobierno militar (reducción del tamaño y las
funciones del Estado, AFPs, Isapres, mercadización de la economía,
etc.). No importa aquí determinar si esas y otras transformaciones
han sido positivas o negativas. Lo que nos interesa destacar es que
los tres procesos políticos mencionados ponen de manifiesto que
cambios profundos, estructurales, que afectan la organización
económica, social y política de la sociedad, son posibles de
realizarse.
2.
Estamos viviendo estos días dos procesos legislativos que demuestran
que “técnicamente” - me refiero a técnica jurídica y
legislativa – es posible y relativamente fácil hacer dos cosas
esenciales: Una, crear impuestos que no van al fondo común del
estado sino a una institucionalidad pública o civil autónoma que se
crea ad hoc. Es el caso de la reforma de las pensiones que
crea un impuesto a las empresas del 4% sobre las remuneraciones del
trabajo, que será administrado por un ente público autónomo. Dos,
establecer que un porcentaje de los impuestos que se establece en la
legislación tributaria, no irá al fisco central, sino directamente
a entidades menores, como son en este caso las regiones y las
administraciones municipales.
3.
Lo que “técnicamente” es posible, se convierte también en
“políticamente viable” cuando cuenta con una gran mayoría
social que lo apoya. Los dos ejemplos anteriores son transformaciones
mínimas, pero no insignificantes; lo importante es que nos muestran
que son posibles transformaciones mayores en esas mismas direcciones,
como las que aquí voy a exponer en la propuesta. Es una propuesta
que en sí no parece tan revolucionaria, pero que podría gatillar
nada menos que un nuevo orden social y político, propio de una nueva
civilización me atrevo a decir, y que son perfectamente posibles si
las pensamos, las difundimos y las elaboramos técnica y
políticamente.
Si
tuviera que enmarcar esta propuesta en una nueva corriente de
pensamiento político, lo llamaría “liberalismo social solidario”.
El cual podría concitar una muy amplia adhesión ciudadana, y que
sería aceptable para diferentes orientaciones políticas: social
cristianas, liberales, socialistas y solidaristas.
4.
La viabilidad económica de la propuesta se basa en que no implicaría
un aumento de los impuestos, sino una re-orientación de los mismos
montos actuales de renta pública y de impuestos, que tendría el
efecto de una mayor eficiencia en la solución de los problemas. Esto
es importante, porque en general no son económicamente viables
impuestos nuevos que generan incertidumbre, limitan las inversiones y
el crecimiento, y que suelen llevar a que los capitales huyan hacia
países que les ofrezcan mejores condiciones competitivas. Esta no es
una propuesta que aumente las tributaciones sino que busca reorientar
el modo en que se efectúan los tributos y quienes los administran.
Fundamentación
teórica de la propuesta.
En
la civilización moderna en crisis orgánica, el Estado ha venido
asumiendo crecientes funciones, para el cumplimiento de las cuales se
apropia de un porcentaje cada vez más alto de los ingresos de las
empresas y de las personas estableciendo abultados impuestos. Lo que
explica esta tendencia al incremente constante de los impuestos es la
crisis que experimenta el mismo Estado, que no siendo capaz de
resolver los graves problemas de la pobreza, la inequidad social, el
deterioro ambiental, las migraciones, el orden social, la
gobernabilidad, etc., argumenta la necesidad de disponer de mayores
ingresos para hacer frente a esos problemas que no puede ni sabe cómo
resolver. Y mientras más crece el Estado, más costoso es para la
sociedad, más ineficiente, más burocrático, más corrupto, y menos
aceptado y legitimado socialmente.
Hemos
postulado que una nueva civilización no debe estar centrada en el
Estado ni en el mercado capitalista, sino en la sociedad civil
organizada que recupera el control de sus recursos y de sus
condiciones de vida. No significa esto que no deba existir el Estado,
sino que requiere una profunda transformación, debiendo cumplir con
mayor eficacia menos funciones que las que ha asumido en la
civilización moderna. Así como también continuará funcionando el
mercado, pero reorganizado, democratizado, con mayor participación
de la sociedad civil organizada.
Surge
entonces la pregunta del título de este conversatorio:
¿cómo pudiera ser la asignación y distribución de la renta
nacional y el sistema tributario, en una nueva civilización que no
debiera ser capitalista ni estatista?
Habría
que romper el círculo vicioso que lleva al crecimiento del Estado,
que al
apropiarse
de un porcentaje creciente de la renta nacional y
de los impuestos,
se
convierte en cada vez más necesario en la misma proporción en que
crece y se torna menos eficiente. Es imperioso abandonar ese “reflejo
condicionado” según el cual, ante cualquier problema se plantea
como respuesta que el Estado lo resuelva.
Para
ello, es necesario encontrar soluciones nuevas a esos graves
problemas de la pobreza, la equidad, el medio ambiente, la
gobernabilidad, el orden social, etc. que actualmente se supone que
deba resolver el Estado.
En
la búsqueda de una nueva organización política de la sociedad, hay
dos principios que considero esenciales: el principio de
subsidiaridad y el principio de solidaridad.
El
Principio de Subsidiaridad.
El
principio de subsidiaridad ha sido mal entendido por el
neo-liberalismo, en cuanto lo limita al hecho de que el Estado asuma
subsidiariamente la solución de los más graves problemas de la
pobreza, y que atienda la educación, la salud, la previsión, de
quienes no pueden solventarlos por sí mismos. Pero el principio de
subsidiaridad es más amplio y complejo que eso. Fue
formulado originalmente por el pensamiento social-cristiano (Jacques
Maritain, Emmanuel Mounier, Joseph Lebret, las Encíclicas Sociales,
Jaime Castillo en Chile).
El
contenido del principio de subsidiariedad puede encontrarse ya en
Aristóteles, quien, en La Política, describe la ciudad como
una comunidad de comunidades y afirma que sólo en el marco de
estructuras como la familia, la casa y la aldea “puede el hombre
llegar al pleno despliegue de sus capacidades naturales que lo
distinguen de los demás vivientes, y, con ello, alcanzar plena
conformidad con su naturaleza”. Estas estructuras, a su vez, logran
desplegar al máximo su potencial de realización en el contexto de
la polis —la forma más compleja de organización social en ese
entonces— sin que, en ningún caso, esto signifique que las
agrupaciones menores sean absorbidas por ella. Además, el filósofo
griego va a defender, contra Platón, que lo mejor para la polis es
la diversidad entre sus ciudadanos, y no su homogeneidad.
Con
todo, será la encíclica de Pío XI Quadragesimo
Anno. Sobre la restauración del orden social
(1931), donde se
formula el principio de subsidiariedad católico en su versión más
difundida, estableciendo que “no se puede quitar a los individuos y
dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio
esfuerzo e industria; así tampoco es justo, constituyendo un grave
perjuicio y perturbación del recto orden, quitar a las comunidades
menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y
dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de
la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a
los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos”.
Lo
que establece este principio de subsidiaridad es que la sociedad se
constituya desde lo menor a lo mayor, desde la base hacia arriba,
partiendo de las personas, las familias, las organizaciones
intermedias, las comunas, las regiones, hasta finalmente el Estado.
Establece que todo lo que puede realizar una entidad menor, quede
bajo su responsabilidad, de modo que tenga la oportunidad de
desarrollarse con autonomía y potenciar así sus capacidades. Lo que
en un nivel menor no puede resolverse, pase bajo la responsabilidad
del nivel inmediatamente superior. Y así sucesivamente, con el
resultado de que el Estado se encargue de aquello que no pueda ser
resuelto por las personas, las familias, las organizaciones e
instituciones intermedias.
Una
formulación
complementaria (de
origen anglosajón)
del principio de
subsidiaridad
establece
que un asunto de
interés social o público
debe ser asumido
y estar bajo la responsabilidad de una autoridad normativa, política
o económica la
más
próxima al objeto del problema o al tema de referencia. Así
por ejemplo, para los problemas de la salud conviene generar una
autoridad generada por los médicos; para la educación, una
autoridad generada por los educadores; para la ciencia, por los
científicos; para el trabajo, por los trabajadores y las empresas.
Cabe
recordar que el
"principio de subsidiaridad" es uno de los principios sobre
los que se sustenta la Unión
Europea según
quedó establecido en
el Tratado de la Unión Europea. En Chile, es el contenido del
Artículo Primero de la Constitución Política de la República. (En
estos términos, muy
similares a los que se establecieron en la Unión Europea:
“Artículo 1º. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y
derechos. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El
Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los
cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la
adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El
Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es
promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las
condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual
y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que
esta Constitución establece.”)
El
principio de subsidiaridad se conecta directa y estrechamente con el
Principio de Solidaridad.
El
Principio de Solidaridad.
El
principio de solidaridad establece que las personas se asocien
solidaria y cooperativamente cuando por sí solas no pueden enfrentar
una situación o problema que las afecta. Que las personas, las
familias, las organizaciones intermedias, se ayuden y colaboren unas
con otras, potenciando de ese modo sus capacidades de enfrentar sus
necesidades, cumplir sus aspiraciones, realizar sus proyectos. Es el
principio del que surge el Factor C, según el cual la unión de
conciencias, de voluntades, de emociones y de recursos en función de
un objetivo compartido, potencia el logro de esos objetivos. Opera
este principio fortaleciendo a los integrantes por su pertenencia a
la comunidad, y potencia a las comunidades por su efecto integrador.
Las organizaciones mayores, desde el Estado hacia abajo, están para
apoyar y fortalecer a las unidades menores, y hasta llegar a las
personas y familias.
Por
todo lo dicho se comprenderá que el estatismo, entendido como la
tendencia a responsabilizar al Estado de la mayor cantidad de temas,
problemas y asuntos, es la negación completa de los principios de
subsidiaridad y de solidaridad.
Estos
dos principios son, en mi opinión, esenciales para una buen orden
social y político. Significan que en una nueva civilización, son
las personas, las comunidades locales, las organizaciones de la
sociedad civil, y un Estado entendido en términos subsidiarios,
quienes deben asumir la responsabilidad de atender tan importantes
asuntos como son la educación, la salud, el cuidado del ambiente y
del territorio, etc.
Sobre
estos complejas cuestiones que
el Estado concentrador del poder no logra superar, hemos
propuesto caminos de solución basados en la solidaridad civil, la
organización de las comunidades, el desarrollo de la economía
solidaria, nuevas formas de la educación en sus diversos niveles,
entre otros.
Ahora
bien, si la solución de problemas actualmente mal resueltos por el
Estado significa que funciones que actualmente cumple el Estado deban
ser asumidas por instancias públicas no estatales, surge la cuestión
del financiamiento de esas funciones, y en particular, la necesidad
de implementar un sistema de tributaciones y de asignación de la
renta nacional, diferente al sistema tributario que concentra en el
Estado los recursos que la sociedad puede disponer para enfrentar
esos problemas.
La
propuesta.
Téngase
en cuenta que el Estado obtiene actualmente financiamientos
provenientes de: 1) Rentas territoriales, mineras, contribuciones de
bienes raíces, ingresos por concesiones diversas, aranceles
aduaneros, etc.; 2) IVA e impuestos que tributan las personas y las
empresas; 3) Multas ; 4) Activos propios que generan beneficios.
La
idea de un nuevo sistema de tributaciones y asignación de las Rentas
nacionales apunta a que una parte significativa de los ingresos que
actualmente obtiene el Estado sean recibidos directamente y
gestionados por entidades públicas menores organizadas según el
principio de subsidiaridad, y por entidades de la sociedad civil más
próximas a los problemas, las que asuman aquellas funciones que ya
no cumplirá el Estado central.
Mi
propuesta se basa en
parte también en
el modelo analítico de la Teoría Económica
Comprensiva que distingue seis factores necesarios para producir,
reproducir y ampliar la vida de las personas y de la sociedad en
todas sus necesidades y aspiraciones. Tales factores son: el trabajo
(los trabajadores), el financiamiento (o quienes aportan el capital),
los medios materiales (la Naturaleza y sus componentes físicos y
biológicos), la tecnología (el Conocimiento y sus aplicaciones
técnicas), la administración o gestión (que cumple a nivel
macrosocial el Estado), y el factor C (la Comunidad, la solidaridad).
Esos
seis elementos participan en la producción del valor y
en la reproducción de la vida,
y siendo ellos indispensables es necesario que se les asegure su
mantenimiento, su reproducción y su expansión cuantitativa y
cualitativa. Y para ello, debe asignárseles, a cada uno, partes del
valor que contribuyen
a generar.
En
las sociedades actuales, el valor económico que produce una economía
se distribuye en tres partes: a) la que recibe el capital como
ganancias e intereses; b) la que recibe el trabajo como salarios y
remuneraciones, y c) la que recibe el Estado como impuestos que
tributan las empresas y las personas. Con esos ingresos que recibe el
Estado, éste asigna jerárquicamente, de arriba hacia abajo y con
criterios políticos, las partidas de recursos para solventar la
reproducción de los factores Trabajo, Naturaleza (cuidado del
ambiente, del territorio, etc.), Conocimiento (educación, ciencias,
etc.) y Comunidad (salud, deportes, recreación, etc.).
Lo
que postulo es que en un nuevo ordenamiento tributario y de
asignación de las Rentas Nacionales, propio de una nueva
civilización no estatista ni capitalista, centrada en la sociedad
civil, en las personas y en la comunidad, esos ingresos que
actualmente recibe el Estado por Rentas, impuestos y otras fuentes,
sean repartidos entre, y recibidos directamente por, un conjunto
organizado (según los principios de subsidiaridad y solidaridad),
de entidades que representen a los factores Trabajo, Naturaleza,
Conocimiento, Comunidad y Estado.
Esto
implicaría un sistema tributario en que las empresas y las personas,
manteniendo el actual monto de sus impuestos, los paguen
directamente, en
partes definidas en alguna proporción,
a diferentes
receptores:
1.
El Estado responsable de sus funciones de administración general,
seguridad, justicia, bienes
nacionales,
etc;
2.
Una institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del
cuidado de la biósfera y del medio ambiente;
3.
Una
institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de las
Relaciones Laborales;
4.Una
institucionalidad autónoma y descentralizada responsable del
desarrollo del conocimiento, las ciencias y las tecnologías;
5.
Una
Institucionalidad autónoma y descentralizada responsable de la
Educación;
6.
Una institucionalidad
autónoma y
descentralizada responsable
de la Salud
y
la
Previsión Social.
Cuánto
destinar a cada uno de estos sectores y ámbitos de gestión, podría
establecerse por acuerdo político a nivel nacional, con algún
porcentaje que puedan decidir con autonomía las empresas y las
personas según sus propias preferencias.
Termino
volviendo a la cuestión del comienzo, sobre la viabilidad de la
implementación de un cambio como el esbozado. Cinco breves
observaciones al respecto:
1.
Entendiendo que
ésta es sólo una propuesta conceptual, es obvio que cualquier
implementación práctica
exigirá
estudios y elaboraciones cuidadosas, atentas y
detalladas, que corresponde realizar a los entendidos en la materia y
que sean difundidas políticamente.
2.
La implementación
de un cambio como éste requerirá
desplegarse
como
un proceso paulatino y progresivo de tránsito desde el sistema
actual al sistema nuevo. En
tal sentido, por ejemplo, las Rentas Nacionales podrían ser
mantenidas por el Estado central, mientras que las Rentas
territoriales y de contribuciones de bienes raíces se
descentralicen. Son
posibles diversas articulaciones en un proceso gradual de
implementación.
3.
Será
indispensable desarrollar dinámicas
de
aprendizaje de
parte
de
los ciudadanos y por
las
entidades inferiores que
se vayan creando, a fin de que
puedan asumir
con
eficiencia
las responsabilidades que les correspondan
en sus ámbitos propios.
4.
Será
necesario también
realizar adecuaciones y transferencias del personal administrativo
del Estado central para
que presten sus
servicios
en las
instituciones descentralizadas
que se creen, aprovechándose
así sus competencias y experticias.
5.
El
cambio no puede esperarse de alguna generosa concesión de quienes
ejercen el poder, que por
propia voluntad
decidan desprenderse del mismo. Eso
no va a ocurrir, porque el
interés y
la tendencia predominante en la clase política y en la burocracia
estatal apuntan
en sentido contrario.
Será indispensable, por tanto, que las organizaciones y comunidades
de la sociedad civil, y los grupos profesionales más próximos a los
respectivos campos de problemas (la educación, la salud, la ciencia,
el trabajo, etc.) se organicen y desplieguen procesos de
empoderamiento social,
y que
exijan
recuperar
el control de los recursos a los que tienen derecho y que actualmente
se encuentran concentrados en el Estado. No se
trata de presionar para
que el Estado les provea de más recursos sectoriales,
sino para que éstos les sean transferidos directamente por los
ciudadanos y
las
empresas
contribuyentes,
en un nuevo sistema tributario
y de asignación de la renta nacional.
Espero
sus comentarios, observaciones, críticas y sugerencias, para avanzar
en la elaboración de una propuesta más detallada.
Luis
Razeto
